Empresario mexicano que vendía herramientas de espionaje

Empresario mexicano admite vender herramientas de espionaje para monitorear rivales políticos y comerciales en México y Estados Unidos

Un empresario mexicano se declara culpable el 15 de febrero en la corte federal de los Estados Unidos, de los cargos presentados en su contra por la venta de herramientas de vigilancia y software malicioso (malware) en México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presento cargos en contra del empresario Carlos Guerrero, residente de Chula Vista, California y Tijuana, México, quien de acuerdo a documentos judiciales era dueño de empresas registradas en Estados Unidos y México, las cuales eran utilizadas como medios para la venta para las herramientas de interceptación y vigilancia a clientes del gobierno mexicano y de igual forma a clientes del sector privado y comercial.

Noticia del Departamento de Justicia de Estados Unidos

Del 2014 al 2015 el empresario trabajo con una empresa italiana, la cual desarrollo un software el cual permita comprometer la seguridad de dispositivos y geolocalizarlos. Del 2016 a 2017 el empresario trabajo en conjunto con empresas de Israel, en donde facilito la venta de herramientas de espionaje como:

• Equipo para bloquear señales.
• Kits para bloquear e interceptar redes Wi-Fi
• Receptores IMSI
• Equipo de rastreo GPS
• Software de espionaje para la app de mensajería WhatsApp
• Kits de espionaje completo como RATS, Rootkits y Troyanos
• Servicios de terceros para hackear redes sociales entre otros servicios.

El Departamento de Justica de Estados Unidos aseguro que:

• Carlos Guerrero admitió saber que algunos de sus clientes del gobierno mexicano harían uso del equipo para fines políticos fuera de lo marcado por la ley.
• Facilito el acceso de las herramientas mencionadas, para comprometer las cuentas de iCloud, Hotmail y Twitter de un rival político de un alcalde en México.
• Sus herramientas fueron empleadas para atacar a un representante de ventas en Florida al obtener sus registros telefónicos y de correo electrónico a cambio de un pago de $25,000.

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Fuente: Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia. [ LINK]